Desde el Pacto Internacional de los Civiles y Políticos (PIDCP) , adaptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas que entra en vigor en 1976 en su articulo 19, la libertad de expresión se ha convertido en un monstruo sin límites aprovechándose mucho sobre esta base para exponer y difamar a personas o situaciones.
Esta independencia que es derecho constitucional de nuestro país es transgiversada por ignorantes que se acomodan a la situación.
‘"buscar, recibir y difundir informaciones e ideas" incluye expresiones que pocas sociedades pueden tolerar, tal como la incitación al asesinato o la venta de pornografía a los niños. Por los tanto, la libertad de expresión no es absoluta y puede ser limitada cuando entra en conflicto con otros derechos.
El derecho internacional sostiene que la libertad de expresión debe ser la regla. Las limitaciones son la excepción, solamente permitidas para proteger:los derechos o reputaciones de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral.
El fin legitimo para restringir la libertad de expresión esta expuesta en el Artículo 19(3) del PIDCP:
"respeto a los derechos o la reputación de los demás; y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". No se pueden añadir otros fines a la lista.
Articulo 19 PDICP:
- Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones
- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la liberta de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índoles, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma artística. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publica.
El derecho a la libertad de expresión no puede ser restringido por capricho de un funcionario público. Debe estar aplicando una ley o norma que sea formalmente reconocida por aquellos a quien se les encomienda legislar.
La ley o norma debe cumplir estándares de claridad y precisión de manera que la gente pueda anticipar las consecuencias de sus acciones. Las normas redactadas de manera vaga, cuyo alcance sea poco claro, no alcanzan este estándar y son ilegítimas.
Por ejemplo, prohibiciones vagas como ‘sembrar discordia en la sociedad’ o ‘pintar una imagen falsa del Estado’ no pasan la prueba.Es sencillamente justo que la gente tenga una oportunidad razonable de saber lo que está prohibido, de manera de poder actuar en consecuencia. Las leyes vagas tienen un ‘efecto disuasivo’ e inhiben la discusión de asuntos de interés público. Crean una situación de incertidumbre acerca de lo que está permitido, que conlleva que la gente evite cualquier tema controversial por temor a que pueda llegar a ser ilegal, incluso si no lo es.
- La situación en la que los funcionarios pueden establecer reglas caprichosamente no es democrática. Las decisiones que restrinjan los derechos humanos deben ser realizadas por organismos que representen la voluntad popular
- Las leyes vagas serán abusadas. Éstas frecuentemente otorgan a los funcionarios poderes discrecionales que dejan mucha libertad para que se tomen decisiones arbitrarias.
Cualquier restricción a derecho a la libertad de expresión debe ser realmente
necesaria. Incluso si una restricción está prevista por una ley clara y persigue un fin legítimo, solamente superará la prueba si es verdaderamente necesaria para la protección del fin legítimo. Si la restricción no es necesaria, ¿por qué imponerla? En la gran mayoría de los casos en que los tribunales internacionales han fallado que una ley nacional contenía restricciones inadmisibles al derecho a la libertad de expresión, fue porque consideraron que no eran ‘necesarias’.
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